1. Puede ser que nos suene extraño o
tal vez desconocida la sola mención del título de esta crónica, pero algo
sucedió a mediados de la segunda mitad del siglo pasado, por cuenta de esta
aerolínea, puesto que algunos de los protagonistas que estuvieron vinculados a
ella, tenían nexos con la ciudad o la región y en un momento determinado, se
levantó una “polvareda” en torno a unas negociaciones, descubiertas muchos años
después y que involucraron a personajes que tuvieron vínculos con actividades
delictivas relacionadas con el narcotráfico.
Para ambientar esta singular
narración empezaré por indicar que la aerolínea en mención nunca operó, que se
trató de un emprendimiento más bien romántico de un personaje de mucha
trayectoria y conocimiento del negocio del trasporte aéreo, con unas
aspiraciones más que optimistas de organizarle a la aerolínea insignia de
Colombia una competencia que además de satisfacción, le produjera réditos
económicos a él y a sus compañeros de aventura.
El organizador y principal
interesado en promocionar la nueva compañía era el capitán Guillermo Bernal
Rubio, de quien más adelante haremos un breve relato de su vida y obra, la cual
estuvo muy ligada a estos contornos. Pues bien, aprovechando el nombramiento de
nuestro paisano Jorge Barco como director del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil ,
el Capi, como le decían cariñosamente sus amigos, solicitó en audiencia, la
adjudicación de la ruta Cúcuta-Miami para su nueva aerolínea. Para ello contó
con la ayuda y asesoría del abogado Jaime Pérez López a quien le pagó sus
honorarios con aportes de la sociedad recién creada. Parece que la relación
establecida con Jaime Pérez fue meramente coincidencial, toda vez que, según
nos lo contó el mismísimo abogado, se encontraron un día en el aeropuerto
Eldorado y allí mismo le pidió lo acompañara a la Aeronáutica ,
aprovechando la amistad mutua que existía con el director de esa institución;
esta situación le sirvió para continuar su labor de asesor ya que acompañó al
Capi a gestionar la compra de las aeronaves que irían a prestar el servicio que
le había sido autorizado.
Viajaron a los Estados Unidos a
negociar con Braniff International, empresa que acababa de cerrarse, la compra
de una aeronave que cumpliera con las expectativas y les permitiera operar
tranquilamente, sin embargo, el City Bank no les otorgó el crédito para la
adquisición del avión y tuvieron que solicitarle a la Aeronáutica una
prórroga, pues llegado el caso, se les cancelaría la licencia de operación, lo
cual ocurrió efectivamente pero posteriormente lograron rehabilitarla y les
dieron una nueva oportunidad para la consecución de su equipo de trasporte
aéreo. Esta vez se fueron a Londres, con Oliver Lara, en donde entraron en
contacto con la British Air
para adquirir un avión de las características del B727, lo cual tampoco
concretaron, esta vez por falta de garantías económicas.
En estas condiciones Aerolíneas
El Dorado Ltda. ya había invertido una buena cantidad de dinero en estudios de
factibilidad, evaluación de equipos de vuelo e incluso en planos que fueron
aprobados por la Aerocivil
para construir los hangares en el aeropuerto Camilo Daza e instalar allí los
equipos de mantenimiento de aviones tipo jet.
Por otro lado y desempeñándose en
el campo de la relaciones públicas y jurídicas, el Capi había solicitado la
colaboración de su viejo amigo y compañero de andanzas, el abogado bogotano
Gustavo de Greiff, quien desde el momento de la constitución de la empresa ofició
como presidente y las reuniones, que no fueron pocas, se realizaban en su
oficina de la carrera quinta número 35-11. Allí discutían los pormenores de la
que sería la competencia de Avianca durante los próximos años y se ilusionaban
con los argumentos y las historias del Capi Bernal. Así estuvieron alimentando
sus sueños hasta que en julio de 1975 se constituyó la sociedad Aerolíneas El
Dorado Ltda. en la ciudad de Bogotá, mediante escritura pública 721 de la
notaria 21 inscrita en el registro notarial el día 21 de junio de 1980. De
acuerdo con las fechas que acabamos de mencionar, puede observarse que
transcurrió un lapso de cinco años aproximadamente sin que se desarrollaran las
actividades propias de su objeto social, que en resumidas cuentas, decía la escritura,
consistía en “la explotación del negocio de la aviación en todas sus
manifestaciones, como trasporte aéreo de pasajeros, aeroexpresos, carga,
servicios especiales…” y todas las demás propias de la actividad y que por lo
general, se escribe en las escrituras de constitución de cuanta sociedad se
crea, para que no quede nada por fuera, que no pueda ser realizado dentro de su
normal desenvolvimiento comercial. Cinco años después se produce la primera
operación de la sociedad, se cambia de nombre por el de Líneas Aéreas El Dorado
Ltda. y traslada su domicilio que inicialmente había establecido en Cali a la
ciudad de Cúcuta.
Pasado este tiempo y en vista de
las dificultades que se les presentaba para sacar adelante una empresa aérea
decidieron buscarle comprador, muy a pesar de la oposición de su principal
gestor, pero se les había agotado el presupuesto y lo principal, la paciencia.
El capitán Bernal conocedor como
pocos de los secretos del negocio, se propuso establecer contactos con
empresarios que tuvieran el interés de continuar con su proyecto sin
desvincularlo y les propuso a sus socios abogados, comprarles sus cuotas
partes, que aunque sin recursos, ya tenía a quién vendérselas.
Y aquí es, precisamente, donde
comienza a enredarse la situación, tanto para los socios como para los
funcionarios que intervinieron en las negociaciones que se produjeron a partir
del año 80, fecha en que se realizaron las transacciones que enredaron a todos
los que en ellas intervinieron.
Afortunada o desafortunadamente al
único que no se le presentaron contratiempos ni inconvenientes, pues no aparece
mencionado y en los pocos casos en que lo está, es el Capi Bernal y todo porque
no logró ver consolidado su proyecto, ya que después de vender su participación
mayoritaria con todo el dolor de su alma, falleció en el año 1986.
2. Continuando con nuestra crónica
anterior, decíamos que se armó un tremendo escándalo a mediados del año 1995
cuando el entramado de la negociación de Las Líneas Aéreas El Dorado Ltda.
salió a la luz pública en publicación que hiciera el periodista inglés Simon
Strong de su libro Whitewash y
difundido por el diario El Espectador a finales del mes de agosto. Por esa
época, Gustavo de Greiff quien había sido el primer Fiscal General de la Nación y se desempeñaba
como embajador de Colombia ante el gobierno mexicano, fue citado en un extenso
informe especial como socio de Gilberto Rodríguez Orejuela en la mencionada
aerolínea. Se argumentaba que el problema no se derivaba de la existencia misma
de la sociedad, pues como es usual en estos casos, se desconocían las
verdaderas actividades de los involucrados, sino que De Greiff guardó silencio
al posesionarse del cargo, sin advertir sobre las relaciones comerciales que
supuestamente había mantenido en el pasado. Baste lo anterior para recordar que
Las Líneas Aéreas El Dorado Ltda. se habían constituido en 1975 y los socios
originales habían sido su gestor y promotor, el Capi Guillermo Bernal, el
abogado cucuteño Jaime Pérez López, asesor en materia de gestión ante la Aeronáutica Civil
y el también abogado Gustavo De Greiff Restrepo quien se encargaba de la
administración siendo su presidente desde el inicio hasta la enajenación de las
cuotas partes en 1980, con un capital inicial de veinte millones de pesos del
cual, la mayoría le correspondía al capitán Bernal Rubio.
Toda la algarabía surgió al
constatarse la relación entre el ex fiscal y parte del clan de los Rodríguez
Orejuela, pues de acuerdo con el acta XIV suscrita el 1 de agosto de 1980 y
previa convocatoria del presidente de la sociedad (que era De Greiff) se reunió
la totalidad de los socios, es decir, Bernal, Pérez y De Greiff, con Gilberto
Rodríguez Orejuela, su esposa Mariela Mondragón de Rodríguez, su hijo Jaime
Rodríguez Mondragón y el capitán Felipe Silva Barrero para realizar un
intercambio de acciones, las cuales
fueron adquiridas por un nuevo socio, el periodista Alberto Giraldo y
consignado posteriormente en la escritura pública 2609 del 30 de septiembre de
1980, corrida en la notaría 21 de Bogotá.
Por supuesto que De Greiff y
Jaime Pérez negaron de inmediato cualquier relación con los mencionados,
afirmando no conocerlos y no haberse reunido con ellos nunca. La confirmación
de lo anterior se basa en la explicación dada por Jaime Pérez en el sentido que
para la firma de una escritura, no era necesario que todos los participantes
estuviesen presentes simultáneamente, decía que en la notarías “se corre la
escritura y cada uno de los signatarios va yendo cuando tiene tiempo y va
firmando. Rara vez asisten todos los comparecientes, más cuando tenían distintos
domicilios.”
Sin entrar en consideraciones
sobre la veracidad o no de estas afirmaciones, según consta en los archivos de la Superintendencia
de Sociedades, entidad que autorizó las operaciones, éstas fueron aprobadas de
la siguiente manera; en primera instancia, en resolución de 1980, la venta de
las 12.500 cuotas partes pertenecientes a Gustavo De Greiff Restrepo y la
cantidad de 4.000 cuotas partes de propiedad de Jaime Pérez López al señor
Guillermo Bernal Rubio, según constancia presentada en acta suscrita el 9 de
mayo de 1980, el mismo día que la
Junta de Socios aprobó la cesión de la totalidad de las
cuotas del Capi Bernal a los proponentes Rodríguez Orejuela y al capitán Silva
Barrero y que días más tarde serían endosadas al periodista Giraldo. Por esa
época, ya la sociedad se hallaba domiciliada en Cúcuta, puesto que los socios
originales habían radicado la escritura pública 668 del abril 10 de 1980, de la
notaría 21 de Bogotá, en la que dejaba constancia que la dirección comercial
era la Av. 7E No.
3-45 del barrio Quinta Oriental y el número telefónico, para cualquier
comunicación era el 44245. En razón a su nuevo domicilio, el trámite de
aprobación del ingreso de los nuevos socios correspondió hacerlo al jefe de la
seccional de la
Supersociedades en Cúcuta, Alberto González Dávila.
Es necesario aclarar que para la
fecha de los hechos, Gilberto Rodríguez Orejuela era un empresario caleño dueño
de varios laboratorios de medicina humana y de la entonces incipiente cadena de
droguerías La Rebaja. Estaba
igualmente, incursionando en el sector financiero, en el cual estaba realizando
fuertes inversiones a través de sus diversas empresas, logrando obtener el
dominio del Banco de los Trabajadores, institución que con muchos esfuerzos y
sacrificios había logrado consolidarse con los aportes del sector sindical
colombiano y de una que otra contribución del movimiento sindical de
Norteamérica, especialmente de los Estados Unidos. Su incursión en el mundo de
las finanzas lo llevó a ser uno de los mayores inversionistas de la Corporación
Financiera de Boyacá y el mayor accionista del Banco de los
Trabajadores, el cual fue adquiriendo cuando las necesidades de recursos fueron
apremiando, en el preludio de la que sería la primera y mayor crisis financiera
del siglo veinte en Colombia. Logró llegar a la presidencia del banco, posición
desde la cual pudo consolidar, mediante el otorgamiento de créditos y
garantías, buena parte de las empresas fachadas que fueron tejiéndose para
cubrir gran parte de las operaciones de narcóticos que se realizaban y que su
principal destino eran los Estados Unidos.
Para librarse de las sospechas,
todos aquellos que tuvieron alguna clase de relación, en especial las
comerciales, exhibían las resoluciones que expedían los organismos encargados
de la vigilancia y la ética profesional, en las cuales se certificaba la
solvencia moral de las personas; por ejemplo, el Departamento Administrativo de
la Aeronáutica Civil
en el informe 2049 del 16 de diciembre de 1981 cita al Consejo Nacional de Estupefacientes
y a la Resolución
6675-CRS de 1982 de la Quinta Brigada
en la que se hace constar que el representante legal de Líneas Aéreas El Dorado
Ltda. el señor Gilberto Rodríguez Orejuela “es un hombre que está libre de toda
mancha, libre de toda culpa y que por esa razón se le concede a la aerolínea en
mención el permiso de operación de manera definitiva, por el periodo de tres
años adicionales.” Lo extraño del caso es que se afirma que ya desde el año
1979, la Interpol estaba investigando las actividades
delictivas de los integrantes del denominado cartel de Cali, sin que ninguna
otra institución del Estado haya objetado ni vetado sus acciones que a la
postres resultaron ser punibles, indignas y vergonzosas.